La entrada en vigor de la Ley de Movilidad Sostenible (Ley 9/2025), supone un cambio relevante en la gestión de la movilidad laboral en España. Esta norma obliga a las empresas con más de 200 personas trabajadoras (o 100 por turno) a implantar un Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo (PMST) antes del 5 de diciembre de 2027.
Hemos analizado esta ley y te explicamos a continuación qué exige, cómo afecta a las organizaciones y qué oportunidades ofrece para optimizar recursos y reforzar la reputación corporativa.
Por qué la Ley de Movilidad Sostenible (Ley 9/2025) cambia el enfoque de la movilidad laboral
La ley establece un marco regulatorio que prioriza modos de transporte sostenibles, fomenta la movilidad activa y digital, y define responsabilidades claras para las empresas. Su objetivo no se limita a la reducción de emisiones: busca mejorar la eficiencia operativa y la calidad de vida laboral.
La movilidad como palanca climática y operativa
El transporte vinculado al trabajo representa una parte significativa de las emisiones y del coste operativo de muchas empresas. La ley introduce obligaciones directas, no solo recomendaciones, para reducir la huella ambiental y mejorar la eficiencia de los desplazamientos.
Principales novedades normativas
Entre las novedades más relevantes destacan:
- Obligación de implantar un PMST en centros con más de 200 trabajadores (o más de 100 por turno).
- Negociación de los planes con la representación legal de los trabajadores.
- Revisión periódica y seguimiento bianual del plan.
- Reconocimiento legal de herramientas digitales, como tarjetas de transporte gestionadas por terceros.
- Posible obligación de designar un gestor de movilidad en grandes centros de actividad.
Ámbito de aplicación: qué empresas están obligadas
La ley define claramente qué empresas y centros de trabajo deben cumplir con estas obligaciones, permitiendo ajustes según las administraciones autonómicas y locales. La obligación aplica a centros con más de 200 personas trabajadoras o más de 100 por turno, y las administraciones pueden modificar estos umbrales según sus competencias y realidades territoriales.
También se aplica al sector público estatal, y puede extenderse a otras entidades públicas si así lo determina la administración competente. La normativa estatal actúa como marco supletorio, dando prioridad a normas autonómicas o municipales cuando existan, y promoviendo la coordinación territorial.
Plazos y obligaciones formales
Esta ley entró en vigor el 5 de diciembre de 2025. Las empresas obligadas disponen de 24 meses para implantar su PMST, es decir, hasta el 5 de diciembre de 2027.
Los planes deben negociarse con la representación legal de los empleados. En caso de ausencia de representación, se constituirá una comisión negociadora con representación empresarial y sindical. En cooperativas, la aprobación corresponde al consejo rector.
Una vez aprobado, el PMST debe someterse a informes de seguimiento cada dos años, renovándose de manera bianual durante toda su vigencia, asegurando su efectividad y actualización continua.
Contenido mínimo del PMST: qué debe incluir el plan
Para ser efectivo, un PMST debe partir de un diagnóstico detallado de la movilidad del centro y establecer medidas concretas y priorizadas para reducir el uso del vehículo privado y fomentar alternativas sostenibles.
Diagnóstico de movilidad
El diagnóstico identifica modos de transporte, distancias, tiempos de desplazamiento, zonas de origen, niveles de uso del vehículo privado y emisiones asociadas.
Objetivos y jerarquía de la movilidad
El PMST debe fijar objetivos concretos y aplicar la jerarquía de movilidad: priorizando primero la movilidad activa (caminar, bicicleta), luego el transporte público, seguido del transporte colectivo organizado (lanzaderas, buses), la movilidad de bajas o cero emisiones (eléctrica, híbrida), la movilidad compartida y colaborativa (carsharing, carpooling), y considerando el vehículo privado como última opción.
Medidas ejemplificativas
Entre las medidas recomendadas, sin carácter limitativo, se incluyen programas para fomentar la movilidad activa, incentivos y tarjetas de transporte para promover el transporte público, creación de lanzaderas o rutas compartidas, implantación de puntos de recarga eléctrica, programas de carpooling, carsharing y motosharing, políticas de teletrabajo, formación y campañas sobre seguridad vial, y mecanismos de compensación de la huella de carbono cuando proceda.
Integración con la normativa local y coordinación territorial
La ley establece que las regulaciones autonómicas o municipales prevalecen sobre la normativa estatal. No obstante, promueve la coordinación entre centros y autoridades locales, garantizando que los PMST se alineen con los planes de transporte urbano, ordenación del tráfico y políticas locales de sostenibilidad.
Carácter supletorio del marco estatal
La normativa estatal solo se aplica de manera supletoria cuando no existan normas locales o autonómicas específicas.
Centros con varios puntos de trabajo
En emplazamientos con varios centros, la norma impulsa mecanismos coordinados para intercambio de información e implantación conjunta de soluciones.
Tarjetas de transporte y beneficios fiscales
La Ley de Movilidad Sostenible permite implementar soluciones digitales de transporte que fomenten el uso del transporte público entre empleados. Estas herramientas, como las tarjetas gestionadas por empresas autorizadas, ofrecen ventajas fiscales tanto para la empresa como para los trabajadores y facilitan el cumplimiento de la normativa.
Además, estas soluciones permiten gestionar los desplazamientos de manera centralizada, incentivar el transporte colectivo y reducir la huella de carbono, alineándose con los objetivos ESG.
Reconocimiento legal de tarjetas gestionadas por terceros
El artículo 26.7 reconoce la posibilidad de ofrecer a los empleados tarjetas de transporte tramitadas por empresas emisoras de vales de transporte, con tratamiento fiscal favorable en el IRPF dentro de los límites legales.
Ventajas prácticas
Estas tarjetas:
- Incentivan el uso del transporte público entre la plantilla.
- Permiten una gestión ágil mediante plataformas digitales.
- Ofrecen ahorro fiscal para empresa y trabajador dentro del marco legal vigente.
Nueva figura: el gestor de movilidad
La Ley 9/2025 introduce la figura del gestor de movilidad, especialmente en grandes centros de actividad, para garantizar la correcta implantación, seguimiento y actualización de los PMST.
Este profesional coordina departamentos internos, proveedores y autoridades locales, supervisa resultados, identifica oportunidades de mejora y promueve iniciativas innovadoras, contribuyendo a una movilidad corporativa sostenible y eficiente.
Qué es y cuándo se exige
Para los grandes centros de actividad (más de 1.000 trabajadores en áreas metropolitanas de más de 500.000 habitantes) la designación de un gestor de movilidad es obligatoria. Para otros centros, la ley prevé su posible regulación para facilitar coordinación y seguimiento.
Funciones principales
En centros con más de 1.000 trabajadores en áreas metropolitanas de más de 500.000 habitantes, la designación de un gestor de movilidad es obligatoria. Para otros centros, la ley prevé su posible regulación.
Actividades esenciales
- Coordinar la elaboración e implementación del PMST.
- Supervisar el seguimiento y elaboración de informes.
- Relacionarse con administraciones y proveedores de servicios.
- Promover la participación de la plantilla y la comunicación interna.
Sanciones y régimen sancionador
El incumplimiento de la ley puede generar infracciones leves, con sanciones económicas de 101 a 2.000 euros. Esto incluye la falta de implantación del PMST o la omisión de los informes de seguimiento que causen perjuicio al sistema de movilidad. Tanto las infracciones como las sanciones prescriben a los seis meses, por lo que garantizar la correcta implantación y seguimiento es crucial.
Centros de alta ocupación: medidas adicionales
En centros con más de 1.000 trabajadores en áreas metropolitanas, la ley exige medidas adicionales para reducir la congestión y fomentar la movilidad sostenible, incluyendo:
- Reducción de la movilidad en horas punta.
- Fomento de la movilidad de bajas o cero emisiones.
- Promoción de soluciones colaborativas y activas.
- Garantía de infraestructuras de recarga eléctrica.
Beneficios empresariales de implantar un PMST
Más allá del cumplimiento legal, un PMST aporta ventajas operativas, reputacionales y ambientales. Entre sus impactos destacan:
- Reducción de costes operativos y de desplazamiento.
- Mejora del bienestar y la puntualidad de la plantilla.
- Fortalecimiento de la estrategia ESG y la reputación corporativa.
- Mayor capacidad para atraer y retener talento.
- Reducción directa de emisiones, alineándose con los objetivos climáticos de la empresa.
Conclusión: aprovechar la obligación para transformar la movilidad
La Ley de Movilidad Sostenible no debe verse solo como una carga administrativa. Implantar un PMST bien diseñado es una oportunidad para optimizar costes, reducir emisiones y mejorar la calidad de vida laboral, aportando beneficios operativos y reputacionales que perdurarán más allá del cumplimiento legal.
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