El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia histórica el 13 de marzo de 2024 que supone un precedente clave en materia fiscal.
El fallo aborda la deducción de las retribuciones de los administradores en el Impuesto sobre Sociedades (IS), incluso cuando los estatutos de la sociedad no contemplan remuneración para el cargo.

Hasta ahora, esta situación generaba gran inseguridad jurídica y era motivo habitual de controversia en inspecciones tributarias.

Una sentencia que aporta claridad a la controversia

La controversia sobre la deducción de las retribuciones de los administradores ha sido constante en el tiempo.
A pesar de intentos normativos por aclararla, no existía jurisprudencia específica que resolviera qué ocurría cuando los estatutos fijaban la gratuidad del cargo.

La sentencia del Supremo llega tras deliberaciones y análisis exhaustivos, aportando por fin una interpretación clara y coherente con los principios del derecho tributario.

Principios jurídicos en los que se basa el fallo

El Tribunal Supremo establece que:

  • La ausencia de previsión estatutaria sobre la remuneración no debe impedir deducir en el IS los salarios pagados a los administradores.

  • Este criterio se sustenta en el principio de correlación entre ingresos y gastos, según el cual:

    • Los gastos necesarios para obtener ingresos deben ser deducibles.

    • No deben considerarse como donativos o liberalidades no deducibles las retribuciones abonadas por trabajos efectivamente realizados.

Este pronunciamiento supone un cambio relevante en la interpretación de la normativa fiscal y aporta seguridad jurídica a las empresas.

Qué pueden hacer ahora las empresas

Tras esta sentencia, las empresas que en ejercicios anteriores no dedujeron las retribuciones de sus administradores por existir gratuidad estatutaria pueden:

  • Revisar sus liquidaciones anteriores del Impuesto sobre Sociedades.

  • Iniciar procedimientos de devolución de ingresos indebidos o rectificación de autoliquidaciones.

  • Recabar documentación que acredite las funciones efectivamente desempeñadas por los administradores y el carácter necesario de su retribución.

Dado que estas actuaciones pueden tener impacto económico significativo, es recomendable contar con asesoramiento legal especializado.

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