Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia Procesal y Registro de Impagados Judiciales: Todo lo que debes saber

La Ley Orgánica 1/2025, publicada en el BOE el 2 de enero de 2025, entró en vigor el 3 de abril de 2025, introduciendo cambios esenciales en la justicia civil en España.

Uno de los elementos clave es la implantación de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) como requisito de procedibilidad en asuntos civiles y mercantiles: antes de presentar una demanda, debes acreditar haber intentado resolver el conflicto mediante mediación, conciliación, negociación directa u oferta vinculante, entre otros. Esta obligación busca promover acuerdos extrajudiciales, descongestionar los tribunales y fomentar una justicia más eficiente.

No cumplir este requisito procesal puede derivar en la inadmisión de la demanda, penalización en costas o considerarse conducta incompatible con el buen uso del sistema judicial. Además, la mediación y otros MASC pueden seguir aplicándose incluso durante el procedimiento, si se derivan desde el juzgado.

Fase previa obligatoria: la negociación con el cliente deudor

Antes de presentar una demanda, estas son las tres vías reconocidas por la ley:

Mediación profesional

La mediación implica la intervención de una tercera persona neutral para facilitar un acuerdo. Es ideal cuando se busca mantener una relación comercial y evitar enfrentamientos judiciales prolongados.

Ventajas:

Mantener buenas relaciones comerciales: al ofrecer un espacio neutral, se evita confrontar directamente al deudor.
Reducir costes y tiempo: es más rápido y económico que un proceso judicial completo.
Soluciones personalizadas: el mediador puede proponer acuerdos flexibles que se adapten a las necesidades de ambas partes.

Ejemplo práctico: Una empresa suministradora negocia pagos escalonados durante la mediación, evita suspensión del servicio y documenta el acuerdo como prueba ante el tribunal.

Negociación directa

Una opción ágil si se documenta por escrito cada comunicación.
Consejos: guarda correos, cartas o registros de reuniones y responde siempre por escrito, incluso si rechazas una propuesta. Esto atestigua tu buena fe y fortalece tu posición judicial.

Recomendaciones para la negociación directa:

Documentar todos los intentos de comunicación: correos electrónicos, llamadas, cartas o reuniones.
Registrar propuestas de pago: detallar las cantidades, plazos y condiciones ofrecidas.
Mantener un historial completo: cualquier evidencia puede ser presentada posteriormente ante el juzgado si se judicializa la deuda.

Consejo práctico: Siempre conviene responder por escrito a cualquier propuesta del deudor, incluso si no se acepta. De esta manera, no solo se deja constancia de los intercambios, sino que también se demuestra la voluntad del acreedor de participar en la fase de negociación exigida por la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia Procesal.

Responder formalmente – ya sea por correo electrónico, carta certificada o mediante plataformas seguras de comunicación – permite:

Aportar pruebas sólidas en caso de que el conflicto llegue a los tribunales.
Evitar malentendidos sobre las condiciones ofrecidas o rechazadas.
Reforzar la transparencia y la buena fe del acreedor frente al juez.
Agilizar futuros trámites, ya que toda la documentación estará organizada y disponible.

En definitiva, cada respuesta escrita se convierte en un elemento clave para acreditar que se ha cumplido correctamente con la fase previa obligatoria de negociación.

Oferta vinculante

Cuando las negociaciones previas no tienen éxito, la ley permite presentar una oferta vinculante por escrito. Esta es una propuesta formal de pago que el deudor puede aceptar o rechazar. Sirve como documento legalmente relevante, respaldando cualquier acción judicial futura si el deudor no cumple con lo acordado.

Aspectos clave de la oferta vinculante:

Debe incluir claramente la cantidad adeudada, los plazos de pago y las condiciones específicas.
Se recomienda enviar mediante correo certificado o medio que deje constancia de recepción.
Es fundamental guardar toda la documentación: la ausencia de pruebas puede impedir que la demanda sea admitida, retrasando la recuperación de la deuda.

Ejemplo práctico: Un autónomo que presta servicios de consultoría puede enviar una oferta vinculante por escrito al cliente deudor, indicando que, de no recibir el pago en un plazo determinado —por ejemplo, 15 días—, procederá a iniciar la vía judicial para reclamar la deuda.

Esta comunicación no solo sirve para intentar un acuerdo amistoso, sino que también se convierte en un documento legalmente relevante que demuestra ante el tribunal que se ha cumplido con la fase previa obligatoria exigida por la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia Procesal.

Además, enviar la oferta de manera certificada o por un medio que deje constancia de recepción asegura que exista prueba fehaciente del intento de solución, fortaleciendo la posición del autónomo y facilitando un posible cobro más rápido y seguro si finalmente es necesario acudir a los tribunales.

Impagados Judiciales

Registro de Impagados Judiciales (RIJ): qué es, cómo funciona y cómo aprovecharlo para recuperar tus deudas más rápido

El Registro de Impagados Judiciales (RIJ) es un fichero de solvencia impulsado por el Consejo de la Abogacía Española para agilizar la recuperación de deudas tras la obtención de una sentencia firme. Permite registrar a personas físicas y jurídicas que no han cumplido voluntariamente con sus obligaciones de pago, notificándolos a entidades financieras y agencias de recobro, generando un efecto disuasorio sobre los deudores y reduciendo riesgos para las empresas y autónomos.

¿Qué es el RIJ?

Un fichero que ayuda a gestionar impagados y disuadir el incumplimiento contractual. Registra deudas entre profesionales o particulares con efectos de reputación y visibilidad ante entidades financieras.

Objetivos principales:

Conocer mejor a posibles deudores: permite evaluar riesgos antes de establecer relaciones comerciales.
Incentivar el pago voluntario de las deudas: la notificación oficial y la inclusión en el registro ejerce presión sobre los deudores.
Reducir el tiempo medio de ejecución de las sentencias, que pasó de 18 meses a apenas 45 días.

Cómo funciona el RIJ

Solicitud judicial: El acreedor, a través de su abogado, solicita al juzgado el requerimiento de pago y la notificación de inclusión en el RIJ.
Notificación al deudor: El juzgado informa al deudor que tiene 20 días para pagar y que, de no hacerlo, será incluido en el registro.
Pago o inclusión:
- Si paga, evita la inclusión y el proceso finaliza.
- Si no paga, se inicia la ejecución de la sentencia y se puede proceder al embargo de bienes.
Comunicación a terceros: El RIJ informa a entidades financieras, empresas de recobro y agencias de rating, dificultando el acceso a crédito del deudor.
Cancelación: Para salir del RIJ, el deudor debe pagar la deuda o demostrar que ya lo hizo y solicitar judicialmente la cancelación de su inscripción.

Esta herramienta no solo acelera los cobros, sino que también actúa como un mecanismo disuasorio frente a futuros deudores, ya que la posibilidad de ser incluido en un registro oficial accesible por bancos, entidades financieras y empresas de recobro genera una presión significativa para cumplir con las obligaciones de pago. En consecuencia, el RIJ contribuye a mejorar la cultura de cumplimiento en el entorno empresarial, fomentando relaciones comerciales más seguras y reduciendo el riesgo de impagos recurrentes.

Ventajas del RIJ frente a otros sistemas de cobro: por qué es la herramienta más eficaz y segura para los acreedores

El RIJ presenta beneficios únicos en comparación con otros sistemas de cobro judiciales o extrajudiciales:

Gratuito: No genera costes adicionales para el acreedor ni para el abogado, ya que se financia con tasas judiciales y aportaciones del Consejo de la Abogacía Española.
Rápido y eficaz: Reduce significativamente el tiempo medio de cobro, de 18 meses a 45 días, aumentando las probabilidades de recuperación de la deuda y ejerciendo presión sobre los deudores.
Seguro: Cumple con la normativa vigente de protección de datos, garantizando la confidencialidad y seguridad del proceso.
Innovador: España se sitúa a la vanguardia europea en el uso de herramientas digitales para la gestión de deudas pendientes, combinando eficacia y legalidad.

Consejos prácticos para empresas y autónomos: cómo sacar el máximo provecho del RIJ y proteger tu negocio frente a deudores

Documenta todos los intentos de negociación: Correos, reuniones y propuestas de pago son esenciales para demostrar que se cumplió la fase previa obligatoria.
Acude a un abogado especializado: Garantiza que el proceso cumpla con la normativa y que se utilicen correctamente todas las herramientas legales disponibles.
Utiliza el RIJ estratégicamente: La amenaza de inclusión en el registro puede motivar al deudor a pagar de manera voluntaria antes de iniciar la ejecución.
Mantén actualizado tu historial de clientes y deudores: Conocer su solvencia y comportamiento de pago reduce riesgos y facilita decisiones comerciales informadas.
Combina estrategias de negociación y registro: Integrar la fase previa obligatoria con el uso del RIJ aumenta las probabilidades de cobro rápido y seguro.
Monitorea resultados y plazos: Llevar un seguimiento de casos resueltos y tiempos de cobro permite optimizar procesos internos y prevenir futuros impagos.

Aplicando estas estrategias de forma constante y organizada, el RIJ se convierte en mucho más que una herramienta puntual: pasa a ser un aliado estratégico para la gestión de deudas, ya que no solo facilita el cobro en plazos más cortos, sino que también ayuda a proteger los derechos del acreedor, fortalecer la seguridad jurídica en las operaciones comerciales y minimizar de manera significativa los riesgos financieros.

Además, contribuye a generar un entorno empresarial más fiable y transparente, donde las relaciones comerciales se basan en el cumplimiento y la confianza mutua.